La provincia de La Rioja promulgo el 3 de julio la Ley N 10.876, que declara la nulidad de la Ley Nacional 18.004 de 1968 y reactiva el reclamo sobre unos 2.600 kilometros cuadrados de territorio ubicados en la zona de Iglesia, San Juan. El gobierno sanjuanino ya manifesto su rechazo.
La norma riojana, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, argumenta que el trazado limítrofe de 1968 fue determinado por una autoridad de facto y por lo tanto carece de validez juridica. Con esta ley, La Rioja habilita al Estado provincial a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y solicitar medidas cautelares.
El trasfondo del conflicto tiene una dimension economica evidente: la zona en disputa es rica en recursos mineros, con potencial en cobre y oro. La Rioja apunta a frenar la explotacion de esos recursos hasta que la Justicia defina el fondo de la cuestion.
Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego rechazo el planteo de forma contundente. El argumento oficial sanjuanino es que los limites llevan mas de cincuenta anos de vigencia y que el propio Congreso Nacional los reafirmo en 2014.
El caso podria derivar en un pleito de largo plazo ante el maximo tribunal del pais, con implicancias directas para la actividad minera y el desarrollo economico de la region.
